Atender las necesidades de vivienda de América Latina y el Caribe requeriría una inversión cercana a 1.4 billones de dólares, una magnitud que refleja que el desafío habitacional de la región no se limita a construir nuevas casas, sino también a mejorar las condiciones del parque habitacional existente y ampliar las posibilidades de acceso para millones de hogares.
Durante el IV Foro Regional de Vivienda 2026, Ilan Goldfajn, presidente del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), advirtió que los gobiernos de la región no podrán cubrir por sí solos las necesidades habitacionales, por lo que será necesario movilizar al sector privado y fortalecer las políticas públicas.
"Necesitamos mejores políticas, movilizar más capital privado y convertir el conocimiento y las alianzas en proyectos concretos que lleguen a más familias", expresó Goldfajn.
El reto habitacional también está relacionado con la capacidad de los hogares para acceder a la vivienda formal, debido a que los costos de construcción no han evolucionado al mismo ritmo que los ingresos, señaló Albert Saiz, profesor de Economía Urbana del Massachusetts Institute of Technology (MIT).
"Los costos de construcción no avanzan de manera proporcional a los niveles de ingreso", explicó el académico, quien vinculó esta brecha con la desigualdad que prevalece en la región y con las dificultades de amplios sectores de la población para acceder al mercado formal de vivienda.
A esta presión se suma la dificultad para convertir el suelo disponible en vivienda, ya que mientras algunos municipios cuentan con terrenos preparados para atender el crecimiento durante décadas, otros enfrentan una sucesión de trámites y autorizaciones que puede prolongar durante años el desarrollo de proyectos y volver poco flexible la oferta frente al aumento de la demanda.
La inestabilidad de las políticas públicas y las condiciones macroeconómicas también representan un obstáculo, debido a que la vivienda requiere horizontes de inversión de 20 o 30 años, mientras los cambios de gobierno pueden modificar las políticas de vivienda y uso de suelo y la volatilidad económica dificulta el desarrollo de los mercados hipotecarios.
"La vivienda es una inversión a 20 o 30 años", sostuvo Saiz al plantear la necesidad de alcanzar consensos que permitan mantener políticas habitacionales y de uso de suelo más estables.
El diagnóstico del BID también muestra que el problema no se limita a la construcción de nuevas unidades, ya que 78% del déficit habitacional de América Latina y el Caribe está relacionado con las condiciones de las viviendas existentes, de acuerdo con el organismo.
Para Saiz, la diversidad de necesidades obliga a utilizar distintos instrumentos, debido a que los problemas de asequibilidad, calidad, infraestructura, suelo y acceso al crédito requieren respuestas diferenciadas.
"No se pueden solucionar 10 problemas o arreglar 10 cosas en una casa utilizando solo un serrucho", planteó el académico al explicar que la política habitacional debe combinar distintas herramientas según el objetivo que se busque atender.
Entre las alternativas mencionó reducir barreras regulatorias, mejorar infraestructura, regularizar terrenos y disminuir costos de construcción, además de utilizar instrumentos de crédito y esquemas de colaboración entre los sectores público y privado.
En paralelo, el Grupo BID ya ha canalizado recursos hacia el sector habitacional. Desde el 2023, el BID ha financiado más de 1,000 millones de dólares en proyectos de vivienda del sector público, mientras que BID Invest ha aprobado o estructurado más de 750 millones de dólares con bancos, desarrolladores inmobiliarios y mercados de capitales.
El organismo también presentó una nueva metodología para calcular el déficit habitacional y la plataforma Housing and Urban Intelligence, desarrollada con la CEPAL y la OCDE, para fortalecer la información disponible sobre vivienda y desarrollo urbano.